El 26 de junio de 2026 el Ministerio de Economía emitió la Resolución Ministerial 245. La norma ordena el paso a un régimen cambiario flexible. El precio del dólar pasa a fijarse por oferta y demanda diaria. Termina el tipo fijo de 6,96 bolivianos que regía desde el 2 de noviembre de 2011. El gobierno presenta la medida como decisión propia. Para el FMI es una condición, una de las acciones previas que exige antes de aprobar su programa.

El cambio venía por partes. Desde el 1 de diciembre de 2025, el Banco Central publica cada día un Valor Referencial del Dólar. Es el promedio ponderado de las operaciones reales entre bancos y clientes. El oficial decía 6,96. El referencial decía la verdad.

En la calle el dólar ya cuesta cerca de 10 bolivianos. La brecha con el oficial supera el 40%. Conseguir billete físico a 6,96 es casi imposible.

El 6,96 se sostuvo con gas. El Banco Central se comprometía a vender dólares a ese precio, y para cumplir necesitaba reservas. El gas las dio. Entre 2009 y 2014 Bolivia exportó más de 6.000 millones de dólares al año en gas. Las reservas superaron los 15.000 millones a fines de 2014.

Sobre esa base se construyó la bolivianización. Para 2019 los créditos estaban en bolivianos casi al 100% y los ahorros por encima del 80%. El dólar barato dio certidumbre, importaciones baratas e inflación baja.

Todo dependía del gas. La producción cayó, la demanda de Brasil y Argentina bajó, y los dólares dejaron de entrar. Las reservas se vaciaron y hoy están casi todas en oro. La subvención a los combustibles cuesta cerca de 2.000 millones al año. Bolivia importa casi el 90% del diésel y más de la mitad de la gasolina. Sin gas, el precio fijo se volvió una promesa sin respaldo.

Cuando el billete desapareció de los bancos, la gente consiguió su propio dólar. Lo hizo con stablecoins. El USDT, una ficha digital que vale un dólar, se volvió el dólar real de Bolivia. Se compra y se vende entre personas en Binance, Bitget, Bybit y AirTM, con bolivianos, desde el celular.

El Estado no pudo frenarlo. En junio de 2024 el Banco Central derogó la prohibición que regía desde 2014 y habilitó las operaciones con criptoactivos. La adopción explotó. Según Chainalysis, Bolivia movió cerca de 14.800 millones de dólares en cripto entre julio de 2024 y junio de 2025, séptima de América Latina. El Banco Central reporta que las transacciones crecieron 630% en un año. La inflación de julio de 2025 llegó a 24,86%, la más alta en casi cuatro décadas. La gente huye hacia el dólar duro, y el dólar duro hoy es una stablecoin.

Después entró el propio Estado. YPFB empezó a pagar importaciones de combustible con activos digitales en marzo de 2025. El Banco Unión, estatal, integró el USDT en su billetera Yasta. Bancos privados como Bisa, BCP y FIE abrieron cuentas en USDT. Toyota, Yamaha y BYD aceptan USDT en Bolivia desde septiembre de 2025.

Hay un costo. El boliviano sigue siendo la única moneda legal y el riesgo lo asume el usuario. Las estafas cripto subieron. Y aparece una tensión vieja con cara nueva: quien guarda su dólar en una billetera propia tiene soberanía sobre su dinero; quien lo guarda en el banco, no. La dolarización ahora es digital, y se decide token por token.

El ajuste tiene un precio político conocido. En diciembre de 2010, en plena bonanza, Evo Morales subió la gasolina 73% y el diésel 82%. El país estalló. La gente salió en La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Potosí, y pidió su renuncia. Morales abrogó el decreto en cuatro días. Su rechazo llegó al 67%.

En diciembre de 2025 Rodrigo Paz hizo un gasolinazo más grande: gasolina 86%, diésel 160%, junto con la flexibilización del dólar. La Central Obrera Boliviana llamó a huelga general. Transportistas, mineros y sindicatos bloquearon. El conflicto sigue.

El golpe es desigual. Según Oxfam, la devaluación le quita 28,5% del ingreso al quintil más pobre y 14,6% al más rico. En el campo es peor. La pobreza moderada rural en Cochabamba sube 17 puntos.

Los jubilados están entre los más expuestos. Según una investigación de El País, el fondo de pensiones opera sin un directorio en forma, y en el canje del eurobono de marzo los tenedores externos cobraron en dólares mientras el fondo de los trabajadores recibió bolivianos. Con la devaluación, el valor en dólares de esa cartera en bolivianos cae más de un cuarto. Quien financió el 6,96 durante quince años paga la corrección.

Morales pudo retroceder porque atrás había gas y dólares. Paz no tiene a dónde volver. La caja está vacía. Después de dos décadas de un Estado que subsidia y reparte, pedirle a la gente que aguante el ajuste choca con todo lo aprendido.

Bolivia tiene la mayor reserva de litio del mundo. El Servicio Geológico de Estados Unidos calcula 23 millones de toneladas, casi todas bajo el Salar de Uyuni. La riqueza va mucho más allá del litio. Según el relevamiento de sala.red sobre la lista del USGS 2025, Bolivia tiene presencia documentada en 48 de los 60 minerales críticos del mundo, entre ellos el wolframio, el antimonio, el estaño, el tantalio, la plata y el germanio. Sirven para baterías, inteligencia artificial y armamento. Es la riqueza.

La producción es otra cosa. En 2025 Bolivia produjo poco más de 2.000 toneladas de litio. Chile produjo 56.000. La estatal YLB invirtió 1.054 millones de dólares y generó 8,6 millones, con 691 toneladas. La salmuera de Uyuni tiene una proporción de magnesio muy alta, y el método barato de evaporación rinde apenas un 30%. La extracción directa, la alternativa, no está probada a escala industrial en ese salar. Para producir, Bolivia necesita miles de millones en capital y tecnología extranjera.

La crisis del dólar es la palanca. Las reservas están casi vacías y la deuda comprometida supera los 21.700 millones. Con la devaluación esa deuda se encarece: cada dólar que el país debe cuesta más bolivianos, y el crédito nuevo llega a tasas altas, como el bono soberano al 9,45%. El FMI exige reformas a cambio de más financiamiento. Los dólares más rápidos están bajo tierra. Un país que necesita dólares ahora negocia desde la debilidad.

El 27 de abril de 2026 Bolivia firmó en Washington un Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos con Estados Unidos. Lo suscribieron el vicesecretario Caleb Orr y el ministro de Minería Marco Antonio Calderón de la Barca. El acuerdo cubre los 60 minerales de la lista, y Bolivia tiene 48. El texto no se publicó, a diferencia de los memorandos equivalentes que Estados Unidos sí publicó enteros con Perú, Uzbekistán, Mongolia, Malasia y Reino Unido. No garantiza industrialización en territorio boliviano, no obliga a construir plantas y no fija transferencia de tecnología ni un piso de valor agregado local. Mientras tanto, los contratos que Arce firmó con la rusa Uranium One y la china CATL, por unos 1.030 millones, siguen frenados en la Asamblea y en los tribunales. Para abrirle la puerta a Washington, Paz primero debe desarmarlos.

La Constitución exige control estatal mayoritario, consulta previa a los pueblos indígenas y prohíbe entregar recursos estratégicos. Los proyectos de tierras raras están en la Chiquitanía y el Pantanal, donde esa consulta no ocurrió. Las protestas piden anular el memorando y el acuerdo con el FMI. El riesgo es un papel puramente extractivo: exportar mineral en bruto, recibir crédito, pagar el crédito con más mineral. Bolivia tiene el mayor depósito de litio del planeta y la mano más débil para negociarlo.