Ideas Análisis
El mismo escándalo, distinto precio
Cambridge Analytica costó 5.000 millones en Estados Unidos y 50 millones en Australia. En América Latina no costó nada. Bolivia sigue sin ley de protección de datos, y Europa ya prohíbe lo que aquí acaba de pasar.
Por Violeta Ayala — Tecnóloga Creativa
El precio
Cambridge Analytica extrajo datos de decenas de millones de usuarios de Facebook para perfilar votantes. El escándalo estalló en 2018 y fue el mismo en todas partes.
Lo que cambió fue el precio que cobró cada país.
multa de la FTC, 2019
acuerdo con usuarios, 2023
programa de pagos, 2024
multa de la ICO, 2019
Sin programa de pagos.
Meta no admitió responsabilidad en ninguno de los acuerdos.
El caso australiano tiene el dato que explica todo. Solo 53 personas en Australia instalaron la aplicación que recolectaba datos.
Los afectados fueron 311.127. La aplicación tomaba los datos de los amigos de quien la instalaba.
La autoridad australiana de privacidad demandó a Meta en marzo de 2020. El caso se cerró en diciembre de 2024 con un acuerdo, después de una mediación ordenada por el tribunal.
Siete años de investigación y litigio. Meta retiró el juicio sin admitir haber violado la ley.
Las leyes que llegaron después
La multa británica fue de 500.000 libras porque era el máximo que permitía la ley vigente cuando ocurrieron los hechos. Un mes después de que estallara el escándalo, en mayo de 2018, entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos europeo.
Bajo esa norma, la misma conducta habría costado un porcentaje de la facturación global.
Australia abrió la revisión de su Ley de Privacidad de 1988 y sigue ajustándola. Chile aprobó la Ley 21.719, que entra en vigor el 1 de diciembre de 2026 y crea por primera vez una Agencia de Protección de Datos Personales.
Brasil ya tenía su ley general de protección de datos y una autoridad nacional.
Lo que Europa prohíbe hoy
El 10 de octubre de 2025 entró en vigor el reglamento europeo sobre transparencia y segmentación de la publicidad política. Obliga a etiquetar cada anuncio político, declarar quién lo paga, cuánto costó, a qué elección se refiere y con qué mecanismos se segmentó al público.
Exige consentimiento explícito para usar datos con fines políticos y prohíbe perfilar a partir de datos sensibles como origen étnico u opiniones políticas.
Y hay una regla que conviene leer despacio desde Bolivia: prohíbe que entidades extranjeras presten servicios de publicidad política durante los tres meses previos a una elección.
Meta y Google decidieron dejar de vender publicidad política en la Unión Europea antes que cumplir. Dijeron que la norma era inviable.
Una regulación exigente cambió el comportamiento de dos de las empresas más grandes del mundo. Ese es el punto de comparación.
Bolivia
Bolivia no tiene ley de protección de datos personales. Es uno de los pocos países de América Latina que sigue sin ella.
Lo que existe es el reconocimiento constitucional de la privacidad y la autodeterminación informativa en los artículos 21 y 130, la acción de protección de privacidad, y algunas normas sectoriales en telecomunicaciones.
Hay al menos dos anteproyectos escritos y públicos. Uno de la Agencia de Gobierno Electrónico, otro impulsado por la Fundación InternetBolivia.org junto a organizaciones de la sociedad civil.
Ninguno se ha convertido en ley.
Tampoco existe una norma electoral que obligue a declarar el origen de los datos usados en campaña, ni la segmentación algorítmica, ni el uso de inteligencia artificial. El órgano electoral no tiene una unidad capaz de auditar eso.
Y no hay registro de asesores políticos extranjeros. Estados Unidos obliga a inscribirse a quien actúa por un interés extranjero. Bolivia no pide nada.
Ponlo junto. Europa prohíbe que entidades extranjeras presten servicios de publicidad política tres meses antes de votar. En Bolivia, un consultor extranjero con la licencia regional de una plataforma de inteligencia artificial se sumó a la campaña entre la primera vuelta y el balotaje.
La estratega de esa campaña cuenta que no le pagaron y que lo que aportó fue data diaria sobre los bolivianos.
Las tres asimetrías
Primera. La capacidad llega antes que la regulación. Las herramientas llegan construidas y completas. La supervisión hay que inventarla después, si alguien se acuerda.
Segunda. La economía invierte la rendición de cuentas. Una herramienta que en Estados Unidos se vende a precio comercial puede desplegarse a costo casi cero en un mercado chico.
Sin precio no hay contrato, sin contrato no hay registro, y sin registro no hay nada que auditar. Gratis no es generosidad. Gratis es lo que vuelve la influencia imposible de rastrear.
Tercera. Las pruebas se hacen donde el escrutinio es más débil. Brasil 2022, Argentina 2023, Honduras 2025, Bolivia 2025.
Las técnicas se afinan donde nadie audita y después se exportan hacia arriba.
Nada de esto exige una conspiración. Solo exige que la capacidad avance más rápido que la rendición de cuentas.
Esa es la condición por defecto en la mayor parte del mundo.
Lo que se puede hacer
La ley de protección de datos ya está escrita. Dos veces. Falta tratarla y aprobarla, con una autoridad autónoma capaz de fiscalizar, como acaba de hacer Chile.
La regla electoral es más barata todavía. Obligar a cada campaña a declarar qué datos usó, de dónde salieron, quién los pagó y con qué criterios segmentó.
Es una casilla en un formulario que ya existe. Europa lo exige desde octubre de 2025.
Y un registro de asesores políticos extranjeros, con la obligación de declarar quién los contrata y quién los paga, aunque no cobren.
Sobre todo si no cobran.
Australia tardó siete años en cerrar su caso y consiguió un programa de pagos para 311.000 personas. Sin una ley, esa cuenta acá no se puede ni abrir.
La pregunta que corresponde hacer en cada elección desde ahora es corta: qué data, obtenida cómo, y pagada por quién.
Fuentes
- Oficina del Comisionado de Información de Australia. Compromiso ejecutable aceptado de Meta Platforms, diciembre de 2024, y comunicados sobre el programa de pagos de 50 millones de dólares australianos. Cifras de usuarios afectados y de instalaciones de la aplicación tomadas de la demanda civil.
- Federal Trade Commission de Estados Unidos. Resolución de 2019 sobre Facebook.
- Acuerdo colectivo de Meta con usuarios estadounidenses, 725 millones de dólares, 2023.
- Information Commissioner's Office del Reino Unido. Multa de 500.000 libras, pagada sin admisión de responsabilidad, 2019.
- Reglamento de la Unión Europea sobre transparencia y segmentación de la publicidad política, en vigor desde el 10 de octubre de 2025.
- Comunicados de Meta y de Google sobre el retiro de la publicidad política en la Unión Europea, julio y octubre de 2025.
- Ley 21.719 de Chile, vigente desde el 1 de diciembre de 2026, que crea la Agencia de Protección de Datos Personales.
- Constitución Política del Estado de Bolivia, artículos 21 y 130.
- Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.
- Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales impulsado por la Fundación InternetBolivia.org.
- Catalina Paz. Charla en el Global Youth Leadership Forum, publicada por Trendsetter Bolivia y reproducida por eju.tv el 11 de diciembre de 2025.
Las cifras de multas y acuerdos provienen de documentos oficiales de cada autoridad. La ausencia de ley en Bolivia está verificada contra guías comparadas regionales y contra los propios anteproyectos, que existen precisamente porque la ley no existe. La lectura sobre las asimetrías es interpretativa.
