Poder Análisis
La pantalla Cerimedo
Mientras el país miraba a un asesor llorar, una sala decidió que 17 años de juicio nunca existieron. Lo que está en juego es el texto que protege el gas, el litio y el agua.
Por Violeta Ayala — Tecnóloga Creativa
Los hechos
Esta semana, una sala constitucional de Cochabamba anuló el juicio de Octubre Negro para Carlos Sánchez Berzaín. El fallo dice que el proceso "no ha nacido a la vida jurídica": 17 años de causa que, para él, nunca existieron.
Caen sus órdenes de aprehensión. Puede volver a Bolivia.
Octubre Negro: en octubre de 2003, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada reprimió con militares las protestas contra el plan de exportar gas por Chile. 67 muertos y más de 400 heridos, la mayoría en El Alto.
Sánchez Berzaín era el ministro de Defensa. Voló a Miami con Goni la noche de la renuncia. Estados Unidos le dio asilo.
El juicio de responsabilidades se abrió en 2009. Los jefes militares recibieron condenas de hasta 15 años. Dos ministros que se quedaron en el país cumplieron penas de tres años.
Los que se fueron nunca se sentaron ante un juez. Ahora, para quienes presentaron el recurso, el juicio nunca existió.
La herramienta se llama acción de libertad: un recurso urgente, pensado para proteger a una persona detenida o perseguida, que se resuelve en días. Aquí se usó para tumbar un juicio entero.
Una abogada lo presentó "sin mandato", una figura que permite actuar sin la firma del beneficiado. La audiencia fue el 12 de agosto. El fallo se conoció la semana en que todos mirábamos el caso Cerimedo.
El fallo no está firme. Toda acción de libertad sube en revisión obligatoria al Tribunal Constitucional.
Ahí puede confirmarse o caerse.
El hombre
Sánchez Berzaín lleva 23 años en Miami. Dirige su propio instituto, el Interamerican Institute for Democracy, y repite una tesis: Bolivia es un narcoestado satélite de la dictadura cubana.
Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, usa casi el mismo vocabulario para la región.
En el sitio web de su instituto hay un documento de cabecera: "Fundamentos de la vigencia plena de la República de Bolivia por nulidad de la CPE de 2009".
Traducido: propone declarar que la Constitución de 2009 nunca existió. Igual que su juicio. Esa Constitución la escribió una Asamblea Constituyente electa y la aprobó el 61 por ciento del país en el referendo de enero de 2009.
El muro
La Constitución de 2009 es un muro para ciertos negocios del subsuelo. Por eso el documento apunta ahí.
Declara que el gas, el litio y el agua son propiedad directa, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano. Ningún gobierno puede venderlos.
Artículo 366: toda empresa extranjera que toque hidrocarburos se somete a leyes y tribunales bolivianos. Sin arbitraje internacional. Sin reclamo diplomático.
En los noventa era distinto: contratos con arbitraje afuera y capitalización. Cochabamba conoce el resultado. La guerra del agua de 2000, cuando la ciudad expulsó a Bechtel.
Cambiar la Constitución por la vía legal exige dos tercios de la Asamblea más un referendo, o una constituyente. Nadie tiene esos votos.
Cuando la puerta legislativa está trancada, queda el atajo judicial. El fallo de Cochabamba acaba de demostrar que el atajo funciona.
Este es el punto exacto: si un tribunal puede decidir que un juicio de 17 años nunca nació, otro tribunal puede decidir lo mismo sobre otros actos del Estado.
El documento de Sánchez Berzaín pide exactamente eso con la Constitución entera.
El premio
El premio tiene nombre y fecha. El 27 de abril de 2026, Bolivia firmó con Estados Unidos un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos. El texto nunca se hizo público.
Bolivia tiene presencia en 48 de los 60 minerales críticos de la lista estadounidense. Es líder mundial en litio, estaño, plata y zinc.
El contexto aprieta: el gas declina, el país hace filas por diésel y el gobierno acaba de perder a su ministro de Economía por censura de la Asamblea.
Cada fila de autos es un argumento para abrir el subsuelo. Y el litio espera contratos.
En marzo, el presidente Paz se sentó con Trump en el Trump National Doral, en la cumbre del Escudo de las Américas, la agenda de seguridad hemisférica que conduce Rubio.
El asesor que lo acompañaba en esa gira, Fernando Cerimedo, está hoy detenido en Santa Cruz.
Las dos historias de esta semana son la misma historia: tecnología política construida afuera, aterrizando en Bolivia. Una llegó como software de campaña, con una granja de bots que la Fiscalía dice haber incautado.
La otra llega como jurisprudencia: la doctrina de la nulidad, fabricada en Miami durante veinte años.
Los descartables
El caso Cerimedo mostró el precio de los operadores: cero. La Casa Rosada lo soltó en una frase. El Palacio, en un minuto y 46 segundos.
Los asesores se reemplazan. El código, los tribunales y el subsuelo permanecen.
Las señales
Esta lectura se confirma o se muere con hechos que cualquiera puede verificar. Primera señal: que el fallo de Cochabamba se cite en nuevas acciones para declarar inexistentes otros actos del Estado posteriores a 2006.
Segunda: que aparezca un recurso judicial contra la validez de la propia Constitución.
Tercera: que el texto del memorándum salga a la luz con cláusulas de arbitraje prohibidas por el artículo 366. Cuarta: que los contratos del litio se estructuren para esquivar la Constitución.
Y la definitiva: la primera vez que un funcionario boliviano diga "nulidad de la CPE" en voz alta. Ese día la tesis habrá migrado de Miami al Estado.
La tecnología
La tecnología casi siempre llega construida en otra parte. La semana pasada fue un software de campaña nacido del código de Cambridge Analytica.
Esta semana fue una sentencia: la herramienta que hace que las cosas nunca hayan existido. Lo que protege el gas, el litio y el agua es un texto. Miren quién quiere declararlo nulo.
Fuentes
- Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sentencia y auto complementario sobre la acción de libertad, audiencia del 12 de agosto de 2026.
- Sentencia del juicio de responsabilidades por Octubre Negro, Tribunal Supremo de Justicia, 2011. Condenas a los jefes militares y a dos exministros.
- Constitución Política del Estado, 2009. Artículos 349 y 359 sobre recursos naturales e hidrocarburos, 373 sobre el agua, 366 sobre sometimiento de empresas extranjeras a la jurisdicción boliviana, y 411 sobre reforma constitucional.
- Corte Nacional Electoral. Resultados del referendo constitucional del 25 de enero de 2009: 61,43 por ciento por el Sí.
- Misión de Observación Electoral de la OEA. Informe sobre el referendo constitucional de 2009 y el acuerdo congresal de octubre de 2008, que modificó 147 de los 408 artículos.
- Interamerican Institute for Democracy. Documento publicado en su sitio sobre los fundamentos de la vigencia plena de la República de Bolivia por nulidad de la Constitución de 2009.
- Memorándum de entendimiento entre Bolivia y Estados Unidos sobre minerales críticos, firmado el 27 de abril de 2026. Texto no publicado a la fecha de esta nota.
- United States Geological Survey. Lista de minerales críticos 2025.
- Fiscalía General del Estado y Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Imputación y actuados en el caso Beller, agosto de 2026.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia sobre medidas que producen impunidad en violaciones graves de derechos humanos, desde Barrios Altos contra Perú, 2001.
- Cobertura de prensa del fallo y del caso: Infobae, Brújula Digital, ERBOL, Los Tiempos y eju.tv, agosto de 2026.
Esta nota distingue tres niveles. Los actos judiciales y los textos legales citados son verificables en fuentes primarias. Los hechos de contexto están atribuidos a los medios que los reportaron. La lectura sobre la nulidad como herramienta es interpretativa y se somete a las señales enumeradas más arriba.
