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¿Por dónde gobierna el presidente?
¿Gobierna por WhatsApp? Rodrigo Paz gobierna desde Nueva York con un decreto que le permite ejercer el cargo por medios tecnológicos de comunicación. El decreto no dice cuáles. Ni plataforma, ni protocolo de seguridad, ni registro de lo que se decide. Salió en menos de dos meses. Los ciudadanos seguimos sin una ley de protección de datos.
Por Violeta Ayala — Tecnóloga
Hoy, desde Nueva York
El presidente Rodrigo Paz está en Nueva York, en el 81 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. El vocero presidencial explicó que se trata de una misión oficial y que el mandatario puede gobernar desde Estados Unidos por medios digitales.
Eso es legal en Bolivia desde el 1 de enero de 2026, gracias a un decreto de pocas líneas. Ese decreto no dice por dónde.
Lo que dice el decreto
El Decreto Supremo 5515 se emitió a fines de diciembre de 2025 y se difundió el 1 de enero. Modifica el artículo 9 del Decreto 4857, que organiza el Órgano Ejecutivo, y lo deja así: la Presidenta o Presidente del Estado tiene las atribuciones establecidas por el artículo 172 de la Constitución, y deberá ejercer las mismas a través de medios tecnológicos de comunicación, en caso de encontrarse fuera del territorio nacional de manera temporal.
Si no es posible usar esos medios, el presidente debe comunicar al vicepresidente, de forma expresa, escrita y con precisión de fechas, el detalle de las acciones que debe realizar durante la suplencia.
El decreto se aprobó para un viaje concreto, al Foro Económico Mundial de Davos, del 19 al 23 de enero. Paz finalmente no fue.
También recortó las funciones del vicepresidente Edmand Lara, que pasaron a ser gestionar y coadyuvar acciones en el marco de la política general del Gobierno, siempre en coordinación con el Ministerio de la Presidencia. Lara y parte de la oposición sostienen que la norma choca con el artículo 169 de la Constitución, según el cual en ausencia temporal la presidencia la asume el vicepresidente.
Lo que no dice
El decreto dice medios tecnológicos de comunicación y no define ninguno.
No dice qué plataforma. No dice qué protocolo de seguridad. No dice cómo se verifica que una orden viene del presidente y no de otra persona con acceso a su teléfono. No dice dónde se guarda el registro de lo que se decide. No dice quién puede auditarlo después.
Un análisis constitucional publicado en enero explica para qué sirve la norma: permite realizar sesiones de gabinete, adoptar decisiones administrativas y suscribir actos de gobierno a distancia.
Sesiones de gabinete, decisiones administrativas y actos de gobierno. Todo eso viaja por algún canal, se guarda en algún servidor y queda bajo alguna jurisdicción. El decreto no dice cuál.
Seis preguntas y lo que responde el decreto
Toca cada pregunta.
Las respuestas corresponden al texto del Decreto Supremo 5515 difundido el 1 de enero de 2026 y a la cobertura de Los Tiempos, Brújula Digital, Unitel y ANF.
Lo que pasó en otros países
Preguntar si un gobierno decide por WhatsApp suena a chiste hasta que uno mira lo que pasó en otros países.
En el Reino Unido, buena parte de las discusiones del gobierno durante la pandemia ocurrieron en grupos de WhatsApp. La investigación pública oficial sobre la gestión del covid exigió esos mensajes, y el gobierno fue a tribunales para no entregarlos completos. Perdió.
En Estados Unidos, en marzo de 2025, altos funcionarios de seguridad nacional discutieron planes de ataques en Yemen en un chat grupal de Signal, al que por error habían agregado al editor de la revista The Atlantic.
Los dos casos enseñan lo mismo. Cuando las decisiones del Estado viajan por aplicaciones comerciales sin reglas, se pierden registros, se filtra información y rendir cuentas después se vuelve casi imposible.
El decreto no prohíbe WhatsApp ni ninguna otra aplicación comercial, no las regula y no las menciona.
Si el presidente las usa, solo lo puede decir el Gobierno, y en lo publicado hasta ahora solo ha hablado de firma digital y plataformas tecnológicas, sin nombrar ninguna.
La seguridad de un país
Cuando un jefe de Estado decide a distancia, cada eslabón de la cadena es una puerta. El teléfono que usa, la aplicación, el cifrado, la forma de comprobar que quien ordena es él, el archivo donde queda la decisión y el país donde están los servidores.
Un protocolo de seguridad es el documento que dice cómo se cierra cada una de esas puertas. Sin él, cada puerta queda como la dejó quien la usó por última vez.
El teléfono de un jefe de gobierno es uno de los objetivos más buscados del mundo, y hay pruebas. El 2 de mayo de 2022, el Gobierno de España informó que el teléfono oficial del presidente Pedro Sánchez había sido infectado en mayo de 2021 con el programa espía Pegasus, y que de él se habían extraído unos 2,6 gigas de información.
España lo supo porque tenía un Centro Criptológico Nacional que revisó los dispositivos. Hasta hoy nadie ha establecido oficialmente quién lo hizo.
Bolivia tiene un Centro de Gestión de Incidentes Informáticos dentro de la AGETIC, que ofrece servicios gratuitos a las instituciones públicas y coordina con sus responsables de seguridad de la información.
En agosto de 2026, el director de la AGETIC, Carlos Rodrigo, explicó que se estaba impulsando una estrategia para construir el equipo nacional de respuesta a incidentes, el CSIRT Nacional, y los equipos sectoriales, para contar con protección, en sus palabras, por lo menos para las instituciones críticas. Casi ocho meses después de que el presidente empezara a poder gobernar a distancia, el sistema que tendría que detectar un ataque contra ese canal todavía estaba en construcción.
Otros gobiernos resolvieron esto por escrito. El 22 de noviembre de 2023, la primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, firmó una circular que obligaba a ministros y miembros de sus gabinetes a eliminar, antes del 8 de diciembre, toda aplicación de mensajería que no estuviera certificada por la agencia nacional de seguridad informática, la ANSSI.
WhatsApp, Telegram y Signal quedaron fuera. En su lugar se adoptaron Olvid y Tchap, esta última desarrollada en 2019 por y para la administración pública francesa. Hasta esa solución tuvo su problema: en diciembre de 2023 se reportó que Olvid funcionaba sobre servidores de Amazon Web Services, lo que la dejaba expuesta a la ley estadounidense. Con un protocolo escrito, por lo menos, la pregunta se hizo y se discutió en público.
Si una decisión del presidente pasa por WhatsApp, que es de Meta, o por Teams, que es de Microsoft, esa decisión pasa por los servidores de la empresa antes de que la Asamblea Legislativa Plurinacional sepa que existe.
En WhatsApp el contenido viaja cifrado de extremo a extremo y Meta no puede leerlo, pero sí registra quién escribe a quién, cuándo y desde qué conexión. En Teams, por defecto, las conversaciones se guardan cifradas en los centros de datos de Microsoft y el propio servicio puede descifrarlas, que es lo que permite grabarlas y transcribirlas. El cifrado de extremo a extremo hay que activarlo, en las reuniones exige una licencia adicional y ni así cubre el chat.
Es increíble que Meta o Microsoft puedan saber antes que los parlamentarios bolivianos con quién decide el presidente, y cuándo.
En plena revolución tecnológica, es inconcebible que un Estado tome decisiones de gobierno a distancia sin un protocolo de seguridad publicado. Un Estado que gobierna así deja sus decisiones más sensibles en manos de quien controle el canal: la empresa dueña de la aplicación, el país donde están sus servidores, o cualquiera que logre entrar al teléfono del presidente. La seguridad de un país empieza en ese teléfono.
Dos meses y diez meses
Rodrigo Paz asumió el 8 de noviembre de 2025. El Decreto 5515 estaba listo antes de fin de año, para un viaje que al final no hizo. En agosto de 2026, la gestión digital desde el exterior quedó además incorporada en el Decreto 5675, el que redujo el gabinete de 14 a 12 ministerios.
O sea que el Estado se ocupó dos veces, en menos de un año, de darle al presidente un marco legal para gobernar por medios digitales.
En ese mismo tiempo no se aprobó una ley de protección de datos personales.
El Estado tardó menos de dos meses en darle al presidente un decreto para gobernar por medios digitales cuando viaja. Lleva diez meses sin darle a los ciudadanos una ley para proteger sus datos. Ninguna de las dos normas, la que existe y la que falta, dice dónde viajan ni dónde se guardan.
Lo que habría que saber
Gobernar a distancia no tiene nada de malo en sí mismo, y el argumento del presidente tiene sentido: la gestión pública no debería paralizarse por la ubicación de sus autoridades. Muchos gobiernos lo hacen.
Lo que separa a los que lo hacen bien es un protocolo escrito, como el de Francia. El Decreto 5515 no tiene uno, y ningún documento público lo reemplaza.
Mientras el presidente gobierna desde Nueva York, las decisiones del Estado boliviano viajan por algún canal. Tenemos derecho a saber cuál.
Es la misma pregunta que venimos haciendo para los datos de los ciudadanos, aplicada al propio gobierno. En los dos casos la respuesta es igual: nadie está obligado a darla, porque no hay norma que lo exija.
Fuentes
- La Razón, 21 de septiembre de 2026: declaraciones del vocero presidencial sobre la participación del presidente en el 81 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y su posibilidad de gobernar desde Estados Unidos por medios digitales.
- Los Tiempos, Brújula Digital, Unitel y ANF, 1 y 2 de enero de 2026: texto del Decreto Supremo 5515 que modifica los artículos 9 y 10 del Decreto Supremo 4857, incluida la fórmula sobre el ejercicio de las atribuciones presidenciales a través de medios tecnológicos de comunicación, el procedimiento ante la imposibilidad de usarlos, las nuevas funciones del vicepresidente y su vinculación con el viaje al Foro Económico Mundial de Davos.
- Informe Exclusivo, 16 de enero de 2026: decisión del presidente de no viajar a Davos, y cuestionamientos del vicepresidente y de la oposición sobre la constitucionalidad de gobernar desde el exterior.
- ANF, 19 de enero de 2026: defensa presidencial de los Decretos Supremos 5515 y 5519 y del uso de firma digital y plataformas tecnológicas.
- eju.tv, enero de 2026: análisis constitucional del Decreto Supremo 5515, que señala entre sus fines la realización de sesiones de gabinete, la adopción de decisiones administrativas y la suscripción de actos de gobierno a distancia, y la relación con el artículo 169 de la Constitución.
- teleSUR, 15 de agosto de 2026: Decreto 5675, que reduce el gabinete de 14 a 12 ministerios e incorpora nuevas modalidades de gestión gubernamental, incluida la gestión digital desde el exterior.
- DPL News, Urgente.bo y El Deber, agosto de 2026: lanzamiento de la iniciativa Bolivia Cibersegura 2026 por Entel, la AGETIC y la ATT, y declaraciones del director de la AGETIC, Carlos Rodrigo, sobre la estrategia para la construcción del CSIRT Nacional y los CSIRT sectoriales.
- Centro de Gestión de Incidentes Informáticos, parte de la estructura técnico operativa de la AGETIC: servicios gratuitos a entidades públicas y coordinación con los responsables de seguridad de la información de las instituciones.
- Espionaje con Pegasus al Gobierno de España y EFE, 2 de mayo de 2022: anuncio del Gobierno español sobre la infección con Pegasus del teléfono oficial del presidente Pedro Sánchez en mayo de 2021, la extracción de unos 2,6 gigas de información, y la detección a partir de informes del Centro Criptológico Nacional.
- elDiario.es, 5 de diciembre de 2023, y Express Diario: circular de la primera ministra francesa Élisabeth Borne del 22 de noviembre de 2023, la exigencia de eliminar las aplicaciones de mensajería no certificadas por la ANSSI antes del 8 de diciembre, y la adopción de Olvid y Tchap. Sobre el uso de servidores de Amazon Web Services por parte de Olvid, Olvid (software), con referencias a la cobertura de diciembre de 2023.
- Microsoft, cifrado de extremo a extremo en llamadas de Teams, en reuniones de Teams y guía para administradores: cifrado en tránsito y en reposo en los centros de datos de Microsoft por defecto; cifrado de extremo a extremo opcional, que debe activarse, requiere Teams Premium en reuniones y no cubre el chat; y la desactivación de grabación y transcripción cuando el servicio no puede descifrar el contenido.
- Política de privacidad de WhatsApp: cifrado de extremo a extremo del contenido de los mensajes e información de uso, registro y conexión que recopila la empresa.
- Sobre los precedentes internacionales: cobertura de la investigación pública del Reino Unido sobre la gestión de la pandemia y la disputa judicial del gobierno británico por la entrega de mensajes de WhatsApp de sus altos funcionarios, resuelta en su contra en 2023; y cobertura de marzo de 2025, a partir de la publicación de The Atlantic, sobre el chat grupal de Signal de altos funcionarios estadounidenses al que se incorporó por error al editor de esa revista.
Esta nota no afirma que el presidente Rodrigo Paz ni ningún funcionario del Gobierno de Bolivia utilice WhatsApp u otra aplicación de mensajería comercial para ejercer funciones de gobierno. Señala que el Decreto Supremo 5515 no define los medios tecnológicos que habilita, ni los protocolos de seguridad, autenticación o archivo aplicables, y formula esas preguntas como información de interés público. Esta nota no afirma que no exista un protocolo interno de seguridad para las comunicaciones presidenciales; señala que el decreto no lo define y que no hay uno publicado. Los precedentes del Reino Unido, Estados Unidos, España y Francia se citan para ilustrar los riesgos de gobernar por canales digitales sin reglas y la forma en que otros gobiernos los enfrentaron, y no implican equivalencia con el caso boliviano. Las referencias a WhatsApp, Meta, Teams y Microsoft describen el funcionamiento documentado de esas plataformas y no implican que el Gobierno de Bolivia las utilice.
