Datos Análisis
Primero La Ley
El SEGIP va a recorrer los 335 municipios durante un año tomando huellas y rostros, con reconocimiento facial. Bolivia no tiene ley de protección de datos. Kenia hizo lo mismo y su Tribunal Superior lo declaró ilegal.
Por Violeta Ayala — Tecnóloga Creativa
El anuncio
El 16 de septiembre, el presidente Rodrigo Paz presentó la nueva versión de SEGIP Digital y un programa llamado Marcando Huella por Bolivia, y lo contó como el final del Estado tranca, esas filas de noventa minutos para sacar un duplicado de la cédula.
Yo le dejé un comentario en su publicación: sin una ley de protección de datos esto es una locura, primero una ley de protección de datos. Esta nota explica por qué.
Empiezo por lo que está bien, porque está bien. Ochenta y uno de cada cien personas que hacen fila en el SEGIP van a reponer su cédula por pérdida, robo o deterioro, y ese trámite ahora se pide desde el celular, se paga por QR y se recoge en cuatro minutos.
Para alguien que vive a cinco horas de la capital departamental, eso no es una comodidad. Es un día de trabajo que no pierde y un pasaje que no paga. Nadie con sentido común se opone a eso.
Qué es exactamente
Conviene entender qué se está construyendo, porque no es una aplicación para ver tu carnet en la pantalla.
La cédula digital se apoya en el Registro Único de Identificación, la base de datos donde el SEGIP ya guarda huellas dactilares, fotografía y datos civiles validados de cada boliviano. Para activarla tienes que ir a una oficina, que vinculen tu teléfono con esa base, y ahí queda habilitado el acceso.
Datos del SEGIP, del acto de presentación del 16 de septiembre de 2026 y de la cobertura de El Día, Opinión, La Patria y Red Uno.
Reconocimiento facial. Esa es la parte que conviene leer dos veces, porque una huella puedes negarte a darla y una cara la llevas puesta.
Qué distingue a un rostro de una contraseña
Toca cada columna.
Esquema explicativo. El reconocimiento facial que menciona el SEGIP se usa para validar la identidad de quien recoge un documento. Esta nota no afirma que exista vigilancia por cámaras ni que el sistema se use para otra cosa; describe qué tipo de dato es un rostro y por qué su tratamiento requiere reglas distintas.
Las brigadas
Marcando Huella por Bolivia son brigadas móviles que entre agosto de 2026 y julio de 2027 van a recorrer los nueve departamentos, los 335 municipios y las ocho Autonomías Indígena Originario Campesinas.
Van con internet satelital para operar en zonas alejadas, y priorizan comunidades rurales, zonas fronterizas, hospitales y centros penitenciarios. Hacen cedulación física y digital, habilitación de licencia, y algo que se nombró de pasada: saneamiento y actualización de datos.
Traducido: durante un año, el Estado va a recorrer todo el país tomando y actualizando datos biométricos, con prioridad en las poblaciones con menos acceso a asesoría legal, menos cobertura de prensa y menos posibilidad de reclamar si algo sale mal.
Esto va a ser la mayor recolección de datos sensibles de la historia del país, y va a hacerse sin ninguna regla que la limite.
Conviene desarmar aquí el argumento que suele acompañar estos programas, el de llevar identidad a quien no la tiene, porque en Bolivia ese trabajo ya se hizo.
El SEGIP se creó con la Ley 145 del 27 de junio de 2011, que sacó la identificación de manos de la Policía Nacional, la puso en una institución pública descentralizada y la convirtió en la única entidad facultada para emitir la cédula y administrar el Registro Único de Identificación. Desde ahí vinieron las campañas masivas: carnetización en 15.000 establecimientos educativos para más de 1,7 millones de estudiantes, trámite gratuito para niñas y niños en hogares de acogida y en situación de calle, cedulación consular desde 2016 en Argentina, Brasil, Chile, España y Estados Unidos, y el Plan Guardián en 2017, que vinculó el certificado de nacido vivo con el número de cédula para frenar la trata de niños indocumentados.
Bolivia ya resolvió la cedulación hace más de una década. Queda gente sin documento, siempre queda, y es un problema de bordes, no del país entero.
Si el objetivo fueran los indocumentados, las brigadas irían donde están. Van a los 335 municipios, o sea a todos. Lo que se está haciendo no es documentar a quien no lo está. Es volver a registrar, en formato biométrico digital, a una población que ya estaba registrada.
El propio SEGIP declara la confidencialidad entre sus principios institucionales, y lo dice con estas palabras: la información de los ciudadanos será solamente utilizada para fines de identificación.
Es un principio escrito en una página web, no una obligación legal exigible. Sin ley de protección de datos, nadie puede hacerlo cumplir, ninguna autoridad puede sancionar si se incumple, y ningún ciudadano puede reclamar si un día esa información se usa para otra cosa.
Lo que no existe
Bolivia no tiene ley de protección de datos personales. No es un detalle técnico, es el marco entero que no está.
Significa que nadie está obligado a decirte qué información tuya guarda, ni a borrarla si se la pides, ni a avisarte si hubo una filtración, ni a limitar para qué se usa lo que recogió para una cosa distinta, ni a hacer una evaluación de riesgos antes de montar un sistema nuevo. No hay autoridad de control. No hay sanción. No hay a quién reclamar.
Sin esa ley, las preguntas más elementales no tienen respuesta obligatoria. Quién construyó el sistema, dónde se almacenan las plantillas biométricas, si los servidores están en Bolivia, cuánto tiempo se conservan los datos, qué otras instituciones pueden consultar esa base, qué pasa si la filtran.
Nada de eso está prohibido ni permitido, porque no está escrito en ninguna parte.
El punto no es que el Gobierno vaya a hacer algo malo con esos datos. El punto es que nada se lo impide, y que el próximo gobierno tampoco va a tener nada que se lo impida.
Una base biométrica nacional dura décadas. Los gobiernos duran cinco años.
Kenia hizo esto mismo
Hay un país que recorrió este camino completo y sirve de mapa. Kenia lanzó en 2019 un sistema nacional de identidad biométrica conocido como Huduma Namba, con el mismo argumento: modernizar, agilizar, terminar con el papeleo.
Entre abril y mayo de ese año recogió huellas, imágenes faciales y datos biográficos de unos 36 millones de personas. Recién en noviembre, con los datos ya recogidos, el parlamento aprobó a las apuradas la primera ley de protección de datos del país.
Sentencias del Tribunal Superior de Kenia en Nubian Rights Forum y otros contra el Fiscal General, y cobertura de Privacy International, el Oxford Human Rights Hub, CIGI y Biometric Update.
El tribunal no dijo que la identidad digital fuera ilegal. Dijo que no podía avanzar sin un marco legal integral que atendiera la privacidad, el riesgo de discriminación, el riesgo de exclusión y el riesgo de vigilancia masiva.
Un año y medio después volvió a fallar, esta vez porque el Gobierno nunca hizo la evaluación de impacto que la propia ley exigía antes de procesar los datos. El proyecto terminó abandonado, con noventa millones de dólares gastados y la empresa proveedora vetada por el parlamento.
Kenia no perdió el sistema por oponerse. Lo perdió por hacerlo en el orden equivocado.
Recogió primero y legisló después, y cuando llegó la ley ya era tarde para pedir permiso a 36 millones de personas.
El orden importa
Dos países, las mismas cuatro decisiones, en distinto orden. Toca cada camino.
Lo que hay que pedir
Nada de esto exige frenar el programa, y sería una torpeza pedirlo. El recorrido anunciado va hasta julio de 2027, así que hay tiempo de sobra para hacerlo bien.
Conviene además aclarar un punto que no está claro. La cobertura de prensa ubica el inicio en agosto de 2026, y sin embargo la publicación del propio presidente del 16 de septiembre habla de las brigadas en futuro, diciendo que van a llegar a los 335 municipios. Si todavía no salieron a la ruta, el momento de escribir la ley es ahora y no después.
Cualquier ciudadano puede solicitar esta información por escrito al SEGIP y al Ministerio de Gobierno.
La última fila de ese cuadro es la que más me importa, y tiene que ver con las ocho autonomías indígena originario campesinas que están en la ruta de las brigadas.
Un consentimiento informado no es una firma al pie de un formulario. Es que alguien te explique, en tu idioma, qué se llevan, para qué, por cuánto tiempo y qué puedes hacer si cambias de opinión. Sin ley, esa explicación no es obligatoria, y sin obligación no ocurre.
El orden
Paz dijo una frase en el acto que vale la pena tomar en serio: la identidad no te la da un cartón, la identidad es tuya, pero el cartón certifica tu identidad ante el mundo.
Tiene razón, y por eso mismo, cuando ese cartón pasa a ser tu huella y tu cara dentro de una base de datos del Estado, lo que está en juego deja de ser un trámite.
Estoy a favor de que una mujer en Charagua no tenga que viajar seis horas para reponer su cédula. Estoy en contra de que su huella y su rostro entren a un sistema que nadie está obligado a explicarle, ni a protegerle, ni a borrarle.
Las dos cosas se resuelven con lo mismo, y no es frenar nada. Primero la ley.
Fuentes
- Acto de presentación de las nuevas funciones de SEGIP Digital y del programa Marcando Huella por Bolivia, 16 de septiembre de 2026, con declaraciones del presidente Rodrigo Paz y del ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, recogidas por El Día, Opinión y La Patria: pagos por QR, validación biométrica por huella o reconocimiento facial, reducción del tiempo de recojo, internet satelital de las brigadas, recorrido por los 335 municipios y las ocho autonomías indígena originario campesinas entre agosto de 2026 y julio de 2027, prioridad en comunidades rurales, zonas fronterizas, hospitales y centros penitenciarios, y la cifra de más de 150.000 trámites digitales en el primer semestre.
- Servicio General de Identificación Personal, requisitos de la cédula de identidad digital: mayoría de edad, registro consolidado y biometrizado, firma digital en la última emisión, costo de 20 bolivianos, vigencia de dos años y habilitación presencial en oficina.
- Red Uno, con declaraciones del director departamental del SEGIP en Cochabamba, y cobertura sobre la vinculación de la aplicación con el Registro Único de Identificación, la base que almacena huellas dactilares, fotografía y datos civiles validados.
- Ley 145 del 27 de junio de 2011, que crea el Servicio General de Identificación Personal como institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Gobierno, única entidad facultada para otorgar la cédula de identidad y para crear, administrar y mantener el Registro Único de Identificación.
- Sobre las campañas de cedulación: cobertura de la carnetización escolar en 15.000 establecimientos educativos para más de 1,7 millones de estudiantes; entrada en vigencia de la cedulación consular en 2016 en Argentina, Brasil, Chile, España y Estados Unidos; y el Plan Guardián de 2017, que vinculó el certificado de nacido vivo con el número de cédula.
- Principios institucionales publicados por el SEGIP, entre ellos universalidad y confidencialidad, con la fórmula de que la información de los ciudadanos será solamente utilizada para fines de identificación.
- Tribunal Superior de Kenia, sentencia del 30 de enero de 2020 en Nubian Rights Forum y otros contra el Fiscal General, y sentencia de octubre de 2021 sobre la ausencia de evaluación de impacto, recogidas por Privacy International, Oxford Human Rights Hub, CIGI y Biometric Update: la recolección de datos de unos 36 millones de personas entre abril y mayo de 2019, la aprobación de la ley de protección de datos en noviembre de ese año, el costo superior a 90 millones de dólares y el bloqueo posterior del sistema sucesor Maisha Namba en diciembre de 2023.
Esta nota describe un programa público anunciado oficialmente y no afirma que el SEGIP, el Ministerio de Gobierno ni ninguna autoridad hayan hecho un uso indebido de datos personales. El argumento se refiere a la ausencia de un marco legal que regule esos usos, no a la conducta de ninguna persona o institución. La autora dejó un comentario público sobre este tema en la publicación del presidente citada al inicio, y lo declara. Las preguntas listadas son solicitudes de información pública que cualquier persona puede presentar. Existe una discrepancia entre la cobertura de prensa, que ubica el inicio de las brigadas en agosto de 2026, y la publicación del presidente del 16 de septiembre, que se refiere a ellas en futuro; esta nota no establece si el recorrido ya comenzó. Se ha solicitado al SEGIP y al Ministerio de Gobierno información sobre el estado de avance del programa, el proveedor de la plataforma biométrica, el lugar de almacenamiento de los datos y la existencia de una evaluación de impacto.
